En el marco del V Encuentro Nacional de Regiones, Andrés Cardó, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE), planteó -en nombre de esta institución- cinco políticas reformadoras de mediano plazo que se encuentran pendientes y que permitirían darle mayor viabilidad a la implementación del Proyecto Educativo Nacional, así como a los proyectos educativos regionales.

Cardó expresó, primer lugar, que se debe reformar la gestión de las instituciones y los sistemas que tienen a su cargo la educación. Asimismo, dijo que aunque este proceso se ha iniciado con la descentralización requiere profundizarse.
Agregó que dicho planteamiento debe avanzar en cinco frentes de primera importancia: Las escuelas (autónomas en sus decisiones, equipadas con los servicios e instrumentos necesarios, reestructuradas y democráticas en su toma de decisiones), los resultados educativos (con evaluaciones de rendimiento claras y oportunas, inversión en acompañamiento pedagógico, sobre todo en las zonas rurales), las estructuras y sistemas de gestión (reestructuración, concertación nacional, uso efectivo de la información), las innovaciones (difusión de iniciativas no estatales y proyectos exitosos) y el ordenamiento normativo del sector.

La segunda reforma atañe al presupuesto educativo que aborda: incrementarlo hasta alcanzar el 6% en el 2012, una mayor inversión en calidad educativa (garantizando servicios básicos, planificando concertadamente, con un sistema permanente de acompañamiento pedagógico, previniendo la repitencia, entre otros); ampliación y fortalecimiento de la gestión presupuestal por resultados (corrigiendo debilidades del Programa Presupuestal Estratégico de Logros de Aprendizaje articulándolo con las regiones, diseñando nuevos programas, modificando los enfoques y procedimientos institucionales), y la descentralización política y presupuestal de los programas nacionales producto de la concertación.

El presidente del Consejo señaló, en tercer lugar, las políticas del buen inicio en la vida y en la escuela requiriendo para ello: universalizar la educación inicial de niños de 4 y 5 años de edad (con centros bien equipados, más plazas docentes, y extendiendo la cobertura a menores de 3 años en pobreza extrema); sumar esfuerzos y recursos para eliminar la desnutrición crónica y la anemia (asociando establecimientos de programas intersectoriales); concentrar medidas de reforzamiento del primer tramo de la escolaridad (especialización de docentes, certificación de competencias, acompañamiento pedagógico en el nivel inicial hasta el 3er grado de primaria), e incluir a la educación inicial en las evaluaciones nacionales del aprendizaje.

Como cuarto punto, Cardó propuso abordar la docencia, para lo cual formuló reformar el sistema de formación inicial docente y la formación en servicio (elaborando criterios concertados del buen desempeño docente, atendiendo la demanda de docentes en educación inicial y secundaria, y un servicio con nuevos enfoques enfatizando el acompañamiento pedagógico dentro del aula). Asimismo, planteó un sistema de evaluación del desempeño articulado al desarrollo profesional (con una función pedagógica que impacte en los aprendizajes, el reconocimiento al mérito y un sistema de evaluación y autoevaluación confiable); una política de asignación docente en base a criterios de equidad educativa (modificando la normatividad que permita ubicar a los mejores docentes en donde mas hacen falta –zonas de pobreza con mayor exclusión-)  y priorizar la acreditación de las instituciones de formación docente (brindando apoyo técnico y presupuesto a sus procesos de autoevaluación y planes institucionales, fomentando la ciudadanía en torno a la cultura de calidad en formación docente).  

Por último, la quinta reforma que se propuso giró en torno a la promoción de la calidad educativa superior, necesitando para ello: orientar los procesos de acreditación impulsados por el Sineace (pertinencia y calidad de los aprendizajes); priorizar la acreditación de carreras de educación, brindándoles condiciones para efectuar procesos de mejora; y fomentar sistemas de gestión más flexibles que se adecuen a las necesidades de formación que promuevan la participación de diversos actores para confluir en políticas consensuadas y pertinentes.

Cardó concluyó las reflexiones del CNE sobre políticas educativas de mediano plazo, indicando que “todos tendremos que poner el hombro, sumar esfuerzos y acompañarnos mutuamente para que cada región vaya logrando altas capacidades de gestión y de ejecución presupuestal, orientadas a inversiones de calidad, desburocratizadas, con liderazgo y que se enfoquen centralmente en la búsqueda de resultados satisfactorios en sus instituciones educativas”.

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