La reforma de la docencia

Jueves 10 de Diciembre de 2009 16:40

Otra reforma de importancia indiscutible es la de la profesión docente. No es la reforma de una política o un programa sino la del conjunto de instituciones, estructuras y acciones que conciernen a la docencia, desde su conceptualización, selección y formación hasta su ejercicio, evaluación y desarrollo profesional. La docencia está en crisis porque la educación en su conjunto está en crisis, pues debe responder a las nuevas demandas de la sociedad contemporánea y las pesadas herencias que arrastra desde el siglo XIX no se lo permiten. Herencias que pesan sobre las espaldas no sólo de los maestros y formadores sino de todo el sistema, sus administradores y sus instituciones. Para encarar este desafío, proponemos las siguientes medidas:

1. Reforma del sistema de formación inicial docente y la formación en servicio. Una piedra angular de esta reforma es la construcción de acuerdos muy amplios sobre los criterios que identifiquen el buen desempeño docente, criterios que además sean coherentes con las principales demandas de aprendizaje que se desprenden de la política curricular y con la diversidad sociocultural del país. Sin un nuevo sentido común sobre lo que significa ser buen docente, las políticas de formación, evaluación y capacitación van a seguir colocando sus énfasis en aspectos diferentes y enviando mensajes confusos o sesgados al magisterio respecto de las expectativas que la sociedad ha colocado en ellos y en la educación escolar.

2. Sistema de evaluación del desempeño articulado al desarrollo profesional. La evaluación docente necesita cumplir una función pedagógica, relativa a su desarrollo profesional y su impacto en los aprendizajes; y una administrativa, relativa a remuneraciones y ascensos en el marco de la Carrera Pública. La primera ha tenido un impulso menor, pese a que mejorar el desempeño ha sido el sentido principal de la evaluación en el Proyecto Educativo Nacional y en la ley de Carrera Pública Magisterial. Un Sistema de Carrera que busca aportar mayores incentivos al ejercicio de la profesión reconociendo el mérito, necesita un sistema de evaluación y autoevaluación docente confiable, aceptado sin resquemores por los maestros y utilizado realmente para diseñar planes de mejora.

Esto requiere de una evaluación enfocada en el desempeño profesional del maestro, es decir, en sus prácticas, en las múltiples dimensiones del ejercicio de su rol; basada en criterios de buen desempeño concertados, los mismos que los programas de formación inicial y en servicio utilicen necesariamente; que use sus resultados como insumo principal para orientar o rectificar el diseño de los programas de formación inicial y en servicio. Ahora bien, articular la evaluación con planes de mejora del desempeño profesional docente y de sus mismas escuelas, así como con programas de formación en servicio, requiere rutas, mecanismos y soportes claramente trazados, normados, organizados y financiados. Sólo así los resultados de la evaluación pueden cumplir realmente una función formativa e infundir confianza al magisterio en los beneficios que aporta a su desarrollo profesional.

3. Política de asignación docente en base criterios de equidad educativa. Nuestro sistema educativo necesita mecanismos que le permitan asignar los mejores docentes allí donde más hacen falta, es decir, a las instituciones educativas que atienden a la población con mayores niveles de pobreza y exclusión. Esto significa hacer modificaciones al marco normativo actual, a fin de evitar la continua movilidad del personal que trabaja en escuelas alejadas, pero al mismo tiempo requiere políticas de incentivos y condiciones laborales que compensen de manera justa la mayor exigencia que supone enseñar en contextos adversos.

4. Priorización de la acreditación de las Instituciones de Formación Docente. La acreditación de las instituciones públicas de formación docente debe ser una prioridad, evitando el riesgo de acreditaciones formales o burocráticas, lo que implica entregarles apoyo técnico y presupuesto suficiente a sus procesos de autoevaluación, a su plan de desarrollo de capacidades y a sus planes de mejoramiento institucional. Esta es una responsabilidad que debe asumir el Estado, estableciendo con claridad los roles que van a jugar las distintas instancias de gestión para cumplir con ella del mejor modo posible y no dejar a estas instituciones libradas a su suerte. Al mismo tiempo, resulta indispensable fomentar en la ciudadanía una nueva cultura de calidad en relación a la formación docente que hoy se requiere, para que todos sepan qué esperar y qué exigir a sus instituciones formadoras.