El Consejo Nacional de Educación (CNE) expresa su preocupación por la baja capacidad de ejecución presupuestal en la función educativa del país. A comienzos de noviembre de este año, el sector Educación, en el nivel de gobierno nacional, sólo había ejecutado 26.2% de los mil quinientos millones de soles de marco presupuestal para inversiones previstas en el presupuesto de este año. Asimismo, en los gobiernos regionales, el grado de avance de la inversión en activos educativos solo llegaba a un tercio (33.4%).  En la ejecución de gastos corrientes para la educación, fuera del pago de las remuneraciones, también se producen serias dificultades en todos los niveles de gobierno.

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Las circunstancias actuales de disponibilidad de ahorros fiscales, logrados en la coyuntura previa de bonanza económica, y la necesidad de gastar más para sostener el nivel de actividad económica global habían creado una oportunidad histórica para incrementar sustantivamente el gasto en educación como proporción del Producto Bruto Interno. Sin embargo, el CNE opina que, mientras no se levanten las restricciones y problemas de ejecución actuales en el sector educativo, en todos sus niveles, no resulta realista aspirar a aumentos significativos en dicho porcentaje.

En un país que clama por una mayor y mejor inversión en educación de calidad, el sector ocupa el sexto peor puesto en nivel de ejecución presupuestal. Paradójicamente, el sector Educación devuelve todos los años una proporción importante de recursos presupuestales asignados por falta de capacidad de ejecución.

En cuanto al Presupuesto para el año 2010, los gastos totales en la función Educación sumarían 12,281 millones de soles y equivaldrían a 2.95% del PBI proyectado para el próximo año. De esta manera, permanecemos estancados en alrededor del 3% del PBI de inversión en educación pública hace varios años, mientras que el promedio para América Latina supera el 4% del PBI y el promedio para países desarrollados alcanza el 6% del PBI, que es la meta establecida por el Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional, documentos asumidos como políticas de Estado en el país.

Del análisis incluido en el CNE Opina Nº 27, se desprende que es posible alcanzar mayores niveles de ejecución del presupuesto de Educación si se imitan las buenas prácticas de los sectores más exitosos en la ejecución de sus pliegos y si se enfrentan dos factores convertidos en fuertes limitantes para una mejor gestión del presupuesto de educación: los frondosos procedimientos de gestión que impiden a las regiones, UGEL e instituciones educativas dedicar más tiempo a la reflexión y enfrentamiento de sus problemas críticos de docencia y aprendizaje, y el centralismo con que se maneja parte del presupuesto.

Algunas recomendaciones específicas son:

a) En relación a la simplificación de procedimientos: i.   Establecer por norma los cronogramas de ejecución de los principales procedimientos que afectan el ritmo del gasto. ii.  Simplificar los procedimientos de trámites de pasajes y viáticos para asegurar los servicios de acompañamiento docente y las visitas de supervisión. iii. Permitir la extensión automática de contratos de profesores que hayan logrado un buen desempeño laboral. iv.  Informatizar y simplificar los procedimientos más utilizados en la administración educativa. v.   Capacitar personal necesario y suficiente para la programación, ejecución y supervisión presupuestal en todas las instancias de gestión.

b) En relación a la desconcentración / descentralización de recursos presupuestarios: i.   Transferir progresivamente recursos que podrían ser ejecutados por las regiones (capacitación, alfabetización y construcción de locales escolares). ii.  Distribuir las partidas destinadas a bienes fungibles de las Instituciones Educativas tal como se ha hecho con los recursos destinados a reparaciones de locales escolares. iii. Permitir que progresivamente los gobiernos locales se hagan cargo de la alimentación de los estudiantes y, de alguna forma, de la vigilancia de su salud. Además, será importante: a. Evaluar la reforma de los criterios de asignación de recursos presupuestales por escuela y estudiante, lo cual podría tomar en consideración las variables siguientes: i.   La conformación de canastas básicas de inversión por estudiante, que además consideren los mayores niveles de inversión en áreas rurales dispersas. ii.  Los resultados de aprendizaje obtenidos por la institución educativa. Se propone seleccionar un grado de enseñanza en secundaria que sirva como uno de los referentes para medir los progresos académicos de la institución. iii. El apoyo a proyectos de innovación que atienden directamente la mejora de los resultados de los aprendizajes. b. Desarrollar un programa de nivelación de capacidades de gestión de los gobiernos regionales en educación. c. Implementar una carrera administrativa que dé una mayor estabilidad a los funcionarios, una adecuada remuneración y capacitación continua. d. La equidad exige una mayor y más calificada inversión en la Educación Rural. Ello pasa por un apoyo a los profesores para que puedan contar con viviendas sencillas, Instituciones Educativas en redes y la constitución de equipos de acompañamiento docente. e. Programar una “partida de emergencia” para que en lugares donde se experimenta un incremento de alumnado se pueda contratar inmediatamente profesores, aún cuando, de momento, las plazas puedan ser consideradas “inorgánicas”. f. Dotar al Sineace de los recursos necesarios para cumplir con las funciones de acreditación de la calidad educativa que le corresponde desarrollar. g. Desarrollar campañas de mensajes positivos a los Padres de Familia, para que cuiden sus Instituciones Educativas, las apoyen, y generen climas institucionales positivos.