Una alternativa prometedora para la educación rural

Miércoles 06 de Julio de 2011 10:50

La estadística educativa revela que el 80% de los centros educativos que funcionan en el área rural son escuelas multigrado o unidocentes; es decir, sus profesores deben enseñar más de un grado educativo en las aulas a su cargo. Además, en esas zonas el déficit de oferta de educación secundaria es muy alto: en solo el 20% de sus centros poblados existe ese servicio.

Cualitativamente la brecha entre los resultados académicos de la educación rural y la urbana no solo es grande sino que crece en el tiempo. La comparación de las evaluaciones censales de los años 2007 y 2010 muestran que, en comprensión lectora, el porcentaje de niños de escuelas rurales con desempeño satisfactorio aumentó en solo 2% y los que no podían resolver las preguntas más elementales en 0.4%. En tanto, en el área urbana, quienes tuvieron desempeño satisfactorio aumentaron en 14.6% pero los que no podían resolver las preguntas más elementales disminuyeron en 4.3%.

Hace unos meses el Consejo Nacional de Educación lanzó una propuesta para impulsar el desarrollo de una educación de calidad en las áreas rurales. La propuesta del Consejo fue mirar con atención las mejores experiencias de educación rural y establecer si es posible su transferirlas, con las adaptaciones correspondientes, en otros contextos geográficos.

Una reciente evaluación realizada por Lorena Alcázar y Luis Guerrero retoma el tema y evalúa cuatro experiencias de educación rural: Fe y Alegría, Aprendes, Escuelas Exitosas de Ipae y Promeb. Estas iniciativas tienen un período de ejecución, en promedio, desde hace cuatro años y tienen como factores de elementos comunes los siguientes[1]:

• Se sustentan en un modelo pertinente de escuela y de gestión, adaptado a las características locales y necesidades de los estudiantes. Son escuelas conscientes de que su misión es que los niños tengan éxito en el logro de sus aprendizajes, que frente al aislamiento geográfico convienen en organizarse en red, adoptando una organización flexible, con proyectos compartidos y políticas de inclusión.
• Afrontan la complejidad del desafío con iniciativas creativas y a la vez viables de ejecutarse. Tienen una propuesta y proyecto pedagógico propios sustentados en una pedagogía activa y en procesos estructurados, no estructurados y abiertos  de enseñanza aprendizaje. En la implementación de dicha propuesta juegan un rol clave equipos e acompañantes que constantemente asesoran y capacitan a los docentes de las escuelas.
• Consideran que la educación es un derecho y remontar la adversidad una obligación por parte de las organizaciones y actores tanto del gobierno como de la sociedad en general.
• Una condición para tener éxito es un adecuado nivel de autonomía de las escuelas, lo que debe expresarse en decisiones como capacidad para definir los estilos formativos y de gestión, seleccionar y contratar personal, adaptar el currículo.
• Asumen que el déficit y las desventajas sociales no son una barrera para aprender. La experiencia en el país y en otros países así lo demuestra.
• Asimismo, asumen que es posible promover cambios en varios planos a la vez; por ejemplo, en la formación del desarrollo de capacidades pedagógicas, didácticas y de evaluación, desarrollando una cultura de evaluación del desempeño de los profesores una mayor productividad y logros académicos o institucionalizando una gestión más eficaz, democrática y participativa.

La evaluación realizada por los especialistas citados considera que es posible replicar las experiencias evaluadas, siempre y cuando se den cuatro condiciones:

• Voluntad y trabajo articulado de las autoridades políticas de los diferentes niveles de gobierno, desarrollando las capacidades técnicas, instrumentos de planificación y gestión, sobre todo en las redes que hay que crear e implementar con el personal calificado necesario.
• Cambios en la estructura orgánica de las instancias del sector que tengan como eje de la reestructuración la escuela y busquen definir con claridad los roles de las diversas instancias de la gestión.
• Algunos ajustes legales orientados a destrabar procedimientos,  a ligar la formación docente a resultados y asegurar la permanencia de personal clave y de los docentes en las escuelas. Al respecto, el Consejo nacional de Educación ha sugerido la renovación automática de los contratos de profesores que muestran buen desempeño laboral.
• Incremento de ciertos componentes del presupuesto destinado a la educación rural, pero factibles si se comparan con otros rubros de gasto del sector. Además de personal requerido para organizar el acompañamiento en las redes, inversiones en infraestructura, equipamiento y materiales para mejorar las condiciones en que los niños estudian.

Las autoridades educativas que asuman la conducción del gobierno tienen en la educación rural uno de sus principales desafíos y prioridad de política. Son dos millones doscientos mil alumnos que tienen el derecho a recibir una educación cualitativamente satisfactoria. Mejorar la calidad del servicio educativo en esas zonas tendría además repercusiones favorables en la mejorad e las condiciones de vida y desarrollo de las comunidades beneficiadas. Experiencias como las evaluadas dan el camino por donde deberían encaminarse las políticas de educación rural. Los costos de su aplicación son financiables, no solo logrando una mejor distribución del gasto, sino también con las economías que se deriven de tener una educación rural más eficiente, con menos alumnos repetidores o que abandonan la escuela.