Idel Vexler Talledo

Un colegio, un psicólogo

Hace algunos días se promulgó la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas.  En su artículo tercero declara de necesidad la designación de por lo menos un profesional de la psicología en cada una de ellas.  Esta decisión es un acierto que hay que saludar.

 

Un psicólogo escolar, en mi opinión, debe asesorar y apoyar a los directivos, tutores, docentes y padres de familia, no solo para prevenir e intervenir ante situaciones de acoso y agresión escolar, sino también para atender los problemas de aprendizaje y de comportamiento de nuestros alumnos.  Sin embargo, esta ley establece que se implemente esta disposición en forma progresiva a más tardar en diciembre de 2012. Esta norma nos genera algunas preocupaciones.

En principio, en el Perú existen cerca de 52 mil instituciones educativas públicas, sin contar los programas no escolarizados. Por lo tanto, a fines del próximo año deberían estar nombrados o contratados esa cantidad de profesionales. ¿Se podrá contar con el presupuesto respectivo, considerando el pago de dos mil soles mensuales a cada uno de ellos? Para el 2012, se necesitaría aproximadamente 780 millones de soles. Hacia el 2013 alrededor de 1.240 millones. El Ministerio de Economía y el Congreso tienen la palabra.

 

Otra preocupación es la disponibilidad oportuna de psicólogos, considerando el plazo fijado. ¿Se dispondrá de 52 mil psicólogos para desempeñarse en el quehacer escolar? Se sabe que hay solo 17 mil colegiados. Aquí hay un problema por resolver.
Por otro lado, tomando en cuenta que la función del psicólogo no es docente ni administrativa, es necesario señalar que no existe un régimen específico que permita designarlos, salvo que se les considere como administrativos-profesionales (Decreto Legislativo 276), lo cual no sería lo más conveniente para captar a los mejores.

 

Por todo lo señalado, es necesario desarrollar un estudio financiero, técnico-pedagógico, legal y de personal –serio y responsable– que sirva de sustento para que, con criterio de viabilidad, el Congreso modifique el plazo de implementación y, desde luego, para que se emitan el reglamento y las normas pertinentes. El objetivo es que podamos llegar a la brevedad a la meta prevista como mínimo: “un colegio, un psicólogo”.