Uno de los mayores errores de la organización estatal peruana es el de pensar que la educación es sólo un tema del Ministerio de Educación y de los educadores, a pesar de ser rueda motora y motriz del desarrollo nacional con impacto en todos los sectores económicos, productivos y sociales. La educación impacta y se impacta por todos los quehaceres del país. Por lo tanto, no se entiende que las normas que rigen el quehacer educativo nacional se promulguen sin la participación activa de empresarios y representantes de los diversos sectores.

Lo mismo es aplicable a la legislación educativa, que en el Perú se cocina en la Comisión de Educación, en la que usualmente prevalecen los intereses de propietarios de universidades o ex dirigentes del sindicato de maestros, sin tomar en cuenta todos los otros actores que afectan y se afectan por la educación.

No se concibe en el mundo desarrollado que los empresarios no participen en las reformas y propuestas de mejoramiento educativo de su país.

En la reciente CADE, quedó evidenciado que los empresarios no quieren seguir siendo furgón de cola en el tema educativo y que llegó la hora de tener una participación más activa y determinante.

Una de las propuestas fuertes fue la de crear un lobby profesional empresarial unificado para avanzar los temas de la educación incorporando la perspectiva empresarial. Su tarea sería la de colocar en la agenda de prioridades nacionales los temas que apunten a una mejor educación, investigación, ciencia y tecnología.

Eso significa mantener vínculos con congresistas, políticos, ministros, organismos internacionales, gobernantes, funcionarios que preparan presupuestos, etc., para empujar todos estos temas y participar en cuanta norma o reforma se quiera proponer en el sector Educación para tener "voz y voto".

Sus tareas concretas podrían reflejarse, por ejemplo, desde la actualización rápida del catálogo de profesiones técnicas reconocidas por el Ministerio de Educación que son necesarias para el mercado laboral, hasta lograr que se coloquen importantes partidas en el Presupuesto Nacional para fondos concursables para la investigación, ciencia y tecnología, especialmente en las áreas en las que el Perú tiene ventajas comparativas.